Actores, financiamiento y vínculo con Cuba
El 8 de octubre de 2021, la cuenta de X (entonces Twitter) de Fash Busters ―un colectivo antifascista― revelaba que un grupo de organizaciones muy activas en espacios de izquierda en EE. UU. había recibido donaciones millonarias de manera anónima a través de Goldman Sachs Philanthropy Fund (GSPF).
Varias organizaciones ―entre las que figuran The People’s Forum, el Instituto Tricontinental de Investigación Social y Code Pink: Women for Peace― habían levantado sospechas entre la izquierda democrática por su apoyo a numerosos Gobiernos autoritarios. Durante meses, las personas asociadas a estos grupos habían organizado eventos en los que negaban el genocidio uigur llevado a cabo por el Gobierno chino en la región autónoma de Xinjiang; habían realizado viajes para mostrar su supuesta «solidaridad» con el pueblo venezolano, a la vez que se reunían con Nicolás Maduro y argumentaban, desde sus medios «alternativos», que el Gobierno estadounidense estaba detrás de las manifestaciones que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021.
El 21 de diciembre de 2021, la cuenta de X de The People’s Forum confirmaba indirectamente la sospecha de Fash Busters de que el entramado estaba financiado por el magnate Neville Roy Singham, al que se referían como «camarada marxista». El 18 de enero de 2022, New Lines Magazine develaba el pasado maoista de Singham, así como su vínculo con la compañía Huawei y el entramado empresarial estatal chino. Un año más tarde, The New York Times exponía la conexión entre Singham y la maquinaria propagandística del Partido Comunista Chino.
Como mostrará el presente texto, las trayectorias del entramado financiero que comienzan con Roy Singham y terminan en organizaciones como The People’s Forum o Code Pink exceden con creces la simple donación de un «camarada marxista». Mostrará, además, la conexión de este entramado internacional ―al que nos referimos como la Red de apoyo al autoritarismo― con el Gobierno cubano, ampliando así el trabajo realizado por medios como New Lines Magazine, amaBhungane y The New York Times.
Durante décadas, el régimen de La Habana ha sostenido que los cubanos que tienen una visión crítica del Estado responden al los intereses del Gobierno estadounidense. Cualquier crítica o señalamiento al régimen es, bajo esa visión, parte del esfuerzo por desestabilizar lo que siguen llamando «Revolución cubana».
Cada vez que surge una nueva voz disidente, el aparato mediático oficialista se moviliza para desacreditarla. Para lograrlo, utiliza —en muchas ocasiones— un lenguaje racista y elitista, y apela al viejo fantasma del financiamiento estadounidense aun cuando no existan pruebas concretas de que una persona reciba pagos del exterior. Si un miembro del Gobierno de EE. UU. apoya a un disidente cubano de manera pública, el hecho es suficiente para incriminarlo por asociación y justificar la vulneración de sus derechos: amenazándolo, deteniéndolo arbitrariamente, enjuiciándolo con sentencias decididas a priori, prohibiéndole la salida del país o, por el contrario, forzándolo al exilio ―medidas que se han recrudecido desde las protestas populares del 11 de julio de 2021―.
Aunque los integrantes de la Red reproduzcan los argumentos del Gobierno cubano, este texto y la serie a la que pertenece no buscan reproducir igual lógica. El financiamiento es en extremo útil, si no esencial, para sacar a flote cualquier tipo de proyecto. No por recibir dinero de un individuo u organización se responde necesariamente a sus intereses, aunque muchos benefactores sean más propensos a financiar proyectos que reflejen sus ideas o que busquen conseguir un resultado político concreto.
Hablar de quién y cómo se financia la Red es importante por dos razones. En primer lugar, porque seguir el rastro del dinero permite establecer la conexión entre las organizaciones. El origen del dinero explica, en parte, que las acciones y narrativas de los diversos actores para favorecer al Gobierno cubano muestren un alto nivel de coordinación y colaboración. En segundo lugar, abre una conversación importante sobre los mecanismos que utilizan para llevar a cabo su agenda; mecanismos que les permiten generar riqueza, operar con opacidad e incidir sobre la política de numerosos países, incluido Estados Unidos.
La ruta del dinero
Roy Singham, el «camarada marxista» de The People’s Forum, es uno de los financistas clave de muchas de las organizaciones que conforman la Red de apoyo al autoritarismo. Singham es un magnate estadounidense de origen esrilanqués mejor conocido por fundar y dirigir la compañía Thoughtworks ―especialista en el desarrollo ágil de software―.
En 2017, Singham vendió Thoughtworks por 785 millones de dólares (en 2021 fue valorada en 9 billones) y destinó parte de sus ingresos a crear People’s Support Foundation (PSF), registrada en EE. UU. como una organización sin fines de lucro. En 2023, PSF tenía 126 millones de dólares en activos gracias a sus inversiones en cientos de compañías, entre ellas: Bank of America, Amazon, JP Morgan Chase, Intercontinental Hotels y Unilever.
PSF ha hecho donaciones millonarias a varias organizaciones internacionales, así como a dos organizaciones registradas en Estados Unidos: People’s Welfare Association (PWA) y United Community Fund (UCF). PWA apoya «programas de educación y abogacía que promueven los derechos humanos y la justicia social», así como proyectos de periodismo, principalmente en el extranjero. UCF se dedica a «la promoción de programas de asistencia social que empoderen a poblaciones marginalizadas».
PWA y UCF son financiadas, además de por PSF, por otra organización: Justice and Education Fund (JEF), la cual en 2019 donó 876 000 y 8 330 000 USD a cada una, respectivamente. La misión de JEF es «crear conciencia a través de la educación y de la diseminación de información sobre los problemas más urgentes en la sociedad para efectuar un cambio». Al igual que PWA y UCF, JEF hace referencia a «comunidades marginalizadas» y a proyectos periodísticos tanto dentro como fuera de EE. UU. Aunque la mayoría de las donaciones de estas tres organizaciones son a entidades en el extranjero (fuera de Estados Unidos), hay tres organizaciones claves en el entramado de la Red que son financiadas por UCF y JEF en EE. UU: The People’s Forum, el Instituto Tricontinental de Investigación Social y Code Pink: Women for Peace.
The People’s Forum se describe como «una incubadora de movimientos sociales destinada a que la clase trabajadora y las comunidades marginadas puedan unirse a través de líneas históricas de división en el país [EE. UU.] y en el extranjero». Tiene su sede en la planta baja de un edificio en 320 W 37th Street, Nueva York ―a tres calles del Empire State Building― y cuenta con una cafetería, una librería, cuatro salas de conferencias, una sala de cine, un estudio de arte y otro de grabación. En esencia, The People’s Forum sirve de espacio para realizar eventos con organizaciones, partidos, intelectuales, políticos y funcionarios de Gobiernos de izquierda.
El Instituto Tricontinental de Investigación Social se presenta en su sitio web como «una institución internacional» que busca «tender un puente entre la producción académica y los movimientos políticos y sociales con el fin de promover el pensamiento crítico y estimular debates e investigaciones con una perspectiva emancipadora al servicio de las aspiraciones populares». Tricontinental colabora con centros de investigación de izquierda en América Latina, África, Europa y China. El instituto lo dirige Vijay Prashad, un historiador comunista procedente de la India y amigo de Singham. Singham y Prashad comparten afinidad por el régimen chino, con el que tienen vínculos y al que han defendido en numerosas ocasiones.
Code Pink: Women For Peace, fundada en 2002 por Medea Benjamin y Jodie Evans (esposa de Singham), se dio a conocer por sus manifestaciones en contra de la invasión de Iraq de 2003. Según su sitio web, Code Pink es «una organización de masas feminista que trabaja para poner fin a las guerras y al imperialismo de EE. UU., apoyar la paz e iniciativas de derechos humanos y redirigir los recursos hacia la sanidad, la educación, trabajos sostenibles y otros programas que apoyen la vida». A nivel de política exterior, Code Pink aboga por el levantamiento de sanciones a países como Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Siria e Irán, regímenes por los que sus integrantes han mostrado afinidad en numerosas ocasiones.
Medea Benjamin es también ―además de presidenta y cara más reconocible de Code Pink― una de las principales fuentes de financiamiento del entramado de la Red. Medea ―hija y heredera del magnate inmobiliario neoyorquino Alvin Benjamin― creó en 2003 Benjamin Fund, otra organización sin fines de lucro con 48 millones de dólares en activos (2022), la cual preside y en la que una de sus hijas (Maya Danaher) funge como tesorera. A través de Benjamin Fund, Medea financia Code Pink, así como numerosas organizaciones, medios de comunicación y centros de investigación de izquierda. Al igual que PWA, UCF y JEF, Code Pink hace donaciones a distintas organizaciones e individuos fuera de Estados Unidos.
Es decir, tanto Singham como Medea Benjamin cuentan con una organización principal con varios millones de dólares en activos (en el caso de Singham: PSF; en el caso de Benjamin: Benjamin Fund) que utilizan para alimentar otras organizaciones con las que están vinculados. Benjamin Fund dona a varias instituciones entre las que está Code Pink. PSF alimenta a PWA y UCF. UCF hace donaciones, además, a The People’s Forum y a Tricontinental.
Formas de operación del financiamiento
La mayoría de las instituciones que conforman la Red son organizaciones sin ánimo de lucro del tipo 501(c)(3). La clasificación indica que no pagan impuestos por las donaciones que reciben ni por los ingresos que generan con sus actividades y sus activos; además, en algunos estados, tampoco pagan sobre las propiedades que estén a su nombre. Esas exenciones resultan en mayor acumulación y retención del capital generado que pueden reinvertir en la misma organización o en otras del entramado.
Las organizaciones de la Red cuentan con varios millones de dólares en activos en forma de bonos y stocks en grandes empresas internacionales. People’s Support Foundation ―una de las organizaciones «madre» del entramado― está valorada en 126 millones de dólares gracias a sus inversiones en cientos de empresas, entre ellas: mineras que operan en Latinoamérica (como Coeur Mining) y compañías vinculadas con el Gobierno israelí (como Atlas Copco, Hewlett Packard y Israel Chemicals Ltd.).
The People’s Forum y Code Pink han hecho llamados para boicotear al Gobierno israelí por su trato al pueblo palestino. Sin embargo, como ha señalado New Lines Magazine, PSF ha invertido en 51 de las 216 compañías que el movimiento propalestino Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) ha llamado a boicotear por un total de 13 millones de dólares (el 8 % de sus inversiones). Que un grupo de personas que dicen estar a favor del ambientalismo y en contra del genocidio en Gaza inviertan en compañías que contribuyen directamente a la destrucción de lo que defienden pone en evidencia la desconexión que existe entre la narrativa que propagan y sus acciones.
Todas las organizaciones hasta aquí descritas están encabezadas por personas próximas a Singham y que ocupan cargos en más de una organización del entramado de manera simultánea. Por ejemplo, una de las directoras de PSF, Layan Fuleihan, es directora de educación en The People’s Forum. Manolo de los Santos y David Sung Mo Chung son el director ejecutivo y director de organización política de The People’s Forum, respectivamente, y codirectores de Justice and Education Fund (JEF). Entre los fundadores de The People’s Forum figuran Claudia de la Cruz [codirectora de Code Pink, directora ejecutiva de Pastors for Peace e integrante del Partido marxista-leninista Party for Socialism and Liberation (PSL)] y Jodie Evans (esposa de Singham), quien preside PSF y es también cofundadora de Code Pink.
En la mayoría de los documentos analizados no se declaran los salarios de los empleados ni de quienes ostentan altos cargos en las organizaciones o trabajan en ellas a tiempo completo. Ni Vijay Prashad ni Medea Benjamin ni Jodie Evans ―quien en 2022 estuvo en el board de diez organizaciones sin fines de lucro― han declarado nunca compensación alguna. En 2022, Manolo de los Santos trabajó, según los documentos consultados, 30 horas semanales en The People’s Forum por las que cobró 0 USD. Sin embargo, De los Santos sí cobró 90 448 USD por 40 horas de trabajo semanales en Justice and Education Fund.
Es poco probable que Prashad, Benjamin y Evans ―quienes trabajan a tiempo completo en las organizaciones que integran― no cobren por su trabajo. Igual de improbable es que De los Santos trabaje 70 horas a la semana (la semana laboral promedio en EE. UU. es de 40 horas) y que solo cobre la mitad de ellas. El Internal Revenue Service (IRS) estipula que los salarios de los cinco empleados más importantes de este tipo de organizaciones deben hacerse públicos si superan los 100 000 USD y deben ser «razonables» y comparables con los de cargos similares en otras organizaciones. No declarar los salarios de las personas más próximas a los benefactores podría ser una forma de no levantar sospechas del IRS, del resto de trabajadores o del público al que han vendido la idea de que las personas que dirigen estas organizaciones responden a los intereses de la clase trabajadora.
Otro mecanismo empleado por la Red que, al igual que las organizaciones 501(c)(3), ofrece el doble beneficio de la opacidad y la generación de riqueza es el de los Donor-Advised Funds (DAF) o Fondos Asesorados por Donantes.
Los DAF son fondos que ofrecen ciertas entidades financieras (como Goldman Sachs, Fidelity o Charles Schwab) y que permiten hacer donaciones de manera anónima. La persona interesada hace la donación por una cantidad establecida por la institución —y que ronda los 25 000 USD—, el dinero y/o activos se depositan en el DAF y de ahí salen hacia la organización que el donante ha escogido. La donación no queda registrada con el nombre del benefactor cuando llega al recipiente, sino con el nombre de la compañía que maneja el DAF.
Entre 2014 y 2019, las contribuciones a los DAF llegaron a 300 billones de dólares. Por varias razones, los DAF son una opción muy atractiva para quienes tienen grandes fortunas. Los donantes reciben una deducción de hasta el 60 % de los impuestos sobre sus ingresos, no solo sobre la cantidad aportada. Una vez hecha la donación, el dinero no tiene que ir de inmediato hacia la organización beneficiada, sino que puede quedarse en el fondo acumulando intereses por un período indefinido. Es decir, una persona podría, en teoría, hacer una donación a un DAF por un importe significativamente inferior al que debería pagar en impuestos para así evadirlos.
Desde 2017, JEF, Tricontinental, The People’s Forum y Code Pink han recibido donaciones a través del Goldman Sachs Philanthropy Fund, un DAF. En 2018, PSF pagó 371 781 USD a Goldman Sachs en concepto de «servicios de administración de inversiones». En 2019, PSF contaba con diez cuentas en Goldman Sachs. Ese mismo año, The People’s Forum recibió 12 000 000 USD; Tricontinental, 12 450 000 USD; y Code Pink, 210 000 USD de manera anónima a través del GSPF. El GSPF también ha financiado organizaciones que reciben donaciones de Medea Benjamin a través de Benjamin Fund, como Democracy Now! —un medio de izquierda—, Institute for Policy Studies (IPS) y Center for Economic and Policy Research (CEPR), dos think tanks acríticos con las políticas del Gobierno cubano.
Dado el anonimato de los DAF, no se puede concluir con certeza que las donaciones de Goldman Sachs a The People’s Forum, Tricontinental y Code Pink provengan directamente de Singham, aunque resulta interesante que The People’s Forum no lo desmintiera luego de que Fash Busters desvelara la información y especulara que el dinero recibido a través del fondo provenía de Singham. En cualquier caso, dadas las organizaciones beneficiadas, así como el importe de las donaciones y las fechas en que se realizaron, no es del todo improbable que esta sea otra estrategia utilizada por Singham para ocultar su influencia sobre el entramado y evadir impuestos.
El entramado financiero como sustento de un proyecto de incidencia internacional
La intención de incidir en la política internacional, amparada en un discurso populista y sostenida por un entramado bien financiado, articulado y opaco se vuelve evidente al observar las donaciones que People’s Support Foundation, People’s Welfare Association, United Community Fund, Justice and Education Fund, Code Pink y Tricontinental realizan a diversas regiones y que superan los 180 000 000 USD.
Desde 2017, los integrantes de la Red han hecho donaciones a África por un valor de 71 184 505 USD, la mayoría procedentes de las organizaciones vinculadas a Singham. Más del 50 % de las donaciones de People’s Support Foundation al continente africano han sido dirigidas a organizaciones en Sudáfrica.
En 2022, el medio amaBhunghane reveló cómo, a partir de su conexión con el sindicato National Union of Metalworkers of South Africa (Numsa) así como con el Partido de extrema izquierda Socialist Revolutionary Workers’ Party (SRWP), Singham buscó crear un proyecto político ―acompañado de una maquinaria de desinformación con el medio New Frame― en Sudáfrica que impulsara sus intereses y creara una imagen favorable del Partido Comunista Chino.
Un año más tarde, The New York Times reportaba sobre los talleres financiados por Singham que se llevaban a cabo en Nkrumah School, también en Sudáfrica. Uno de los educadores de los talleres, Cebelihle Mbuyisa, confesó al diario: «hay movimientos sociales en el continente africano que están siendo secuestrados por lo que parece ser un instrumento de política exterior del Partido Comunista Chino».
Por otra parte, las donaciones de la Red a Latinoamérica y el Caribe suman 81 196 046 USD, la mayoría de las cuales han ido a organizaciones en Sudamérica. Una de las más beneficiadas es la Escuela Nacional Florestan Fernandes (ENFF) en Guararema, Brasil, un espacio de educación política para movimientos sociales que, según una de sus exalumnas, busca «rescatar el pensamiento bolivariano y guevarista». La escuela colabora con 35 universidades y 15 escuelas de formación en varios países.
Desde 2021, Vijay Prashad ―mano derecha de Singham y director de Tricontinental― reside en Chile, donde colabora con varios centros de investigación, movimientos sociales y mantiene lazos estrechos con el Partido Comunista Chileno en el que milita su esposa, Taroa Zúñiga Silva, exfuncionaria del Gobierno chavista en Venezuela. En 2020, Tricontinental contaba con 13 empleados en Sudamérica; en 2021, la cifra aumentó a 24.
Los ejemplos anteriores muestran el enfoque abarcador de la Red para generar influencia en distintos países. Crean sus organizaciones y financian otras con el fin de movilizar a suficientes fuerzas en distintos ámbitos que cambien la opinión pública sobre un tema (sea desde la prensa, las universidades, los movimientos sociales o los partidos políticos).
El nivel de coordinación entre organizaciones puede observarse también en Estados Unidos con el caso cubano. Por ejemplo, el 12 de julio de 2021 ―un día después de las históricas protestas que tuvieron lugar en la isla― Code Pink hacía público un comunicado que culpaba al Gobierno estadounidense por la situación económica de Cuba y lo acusaba, sin pruebas, de instigar las manifestaciones a través de una campaña en redes sociales.
El 20 de julio, Tricontinental hizo un llamado a los artistas que quisieran mostrar su «solidaridad con Cuba y en contra del bloqueo». Los exhortó a crear obras para una exhibición que se celebraría el 26 de julio con motivo del aniversario del asalto al cuartel Moncada. En la noche del 23 de julio, The People’s Forum proyectó mensajes como «Let Cuba Live», «¡Cuba sí, bloqueo no!» y «La guerra económica contra Cuba mata» en las calles de Nueva York.
La experiencia personal y el vínculo de la Red con Cuba
Medea Benjamin es, además de una de las financistas principales de las organizaciones de la Red, quien tiene una experiencia de visita y estancia en Cuba que le permitió impulsar, conectar y desarrollar varios proyectos y agrupaciones relacionadas con el Gobierno cubano. La otra persona cuyo recorrido involucra una experiencia cubana previa a su integración en las dinámicas de la Red es Manolo de los Santos.
Manolo de los Santos trabajaba para Pastors for Peace antes de convertirse en 2017 en el director ejecutivo de The People’s Forum. Pastors for Peace es una iniciativa de The Interreligious Foundation for Community Organization (IFCO) encabezada por Claudia de la Cruz, quien en enero de 2025 remplazó a Gail Walker (hija del difunto Lucius Walker) como directora ejecutiva. La fundación busca: «poner fin al inmoral e injusto bloqueo económico de EE. UU. hacia Cuba». Pastors for Peace lleva organizando envíos de ayuda humanitaria a Cuba desde 1992 y mantiene una excelente relación con el oficialismo, en especial con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) ―organización estatal que se encarga de coordinar alianzas con grupos internacionales―. Pastors for Peace ha recibido donaciones puntuales de JEF y de Benjamin Fund por un valor total de 340 000 USD.
De los Santos comenzó a trabajar en Pastors for Peace en 2006, año en que realizó su primer viaje a Cuba. En 2012 ―y mientras seguía trabajando como coordinador para la organización―, se mudó a la isla para cursar la licenciatura en Teología del Seminario Evangélico de Teología en Matanzas. En 2017 regresó a Estados Unidos y comenzó a trabajar en The People’s Forum.
El segundo vínculo de la Red con Cuba es a través de Medea Benjamin. Benjamin, economista de profesión, llegó a la isla por primera vez en 1979, después de conocer a los miembros de una brigada médica cubana mientras laboraba en Mozambique. Según una entrevista con The Real News, Benjamin comenzó a trabajar en el periódico oficialista Granma como traductora al inglés de los discursos de Fidel Castro.
Benjamin fue despedida y expulsada del país luego de cuestionar la falta de libertad periodística. Años más tarde y tras habérsele prohibido la entrada a la isla en numerosas ocasiones, Benjamin pudo regresar a Cuba. Desde entonces, ha organizado viajes «solidarios» a través de Code Pink y de Global Exchange ―la organización que fundó con su marido, Kevin Danaher, en 1988―. Benjamin cuenta que en uno de sus viajes la brigada con la que se encontraba tuvo la oportunidad de conocer a Fidel Castro, quien se le acercó y le pidió perdón por haberla expulsado del país años atrás.
Global Exchange se describe como «una organización internacional de derechos humanos dedicada a promover la justicia social, económica y medioambiental en todo el mundo» a través de viajes que «eduquen al pueblo estadounidense sobre las causas de la injusticia y sobre el impacto de las políticas y prácticas corporativas del Gobierno de EE. UU.».
Los viajes a Cuba (cuyos precios suelen superar los 3 000 USD, excluidos los vuelos) forman parte de una larga tradición en la izquierda estadounidense que desea «desafiar» el embargo viajando a la isla para ver la realidad que supuestamente el Gobierno de EE. UU. esconde a sus ciudadanos. Durante su estancia, los viajeros siguen un itinerario que incluye: excursiones a sitios turísticos, reuniones con funcionarios, intelectuales y empresarios afines con el Estado, y visitas a organizaciones gubernamentales ―como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR)― y a centros independientes en apariencia, pero subordinados al Estado, como el Centro Martin Luther King Jr.
Además de Global Exchange, el vínculo de Code Pink con el Gobierno cubano ocurre a través de una coalición llamada Acere (The Alliance for Cuba Engagement and Respect), en la cual Benjamin funge como asesora junto a varios académicos, activistas y abogados. Acere se describe de la siguiente manera:
«Acere es una coalición de organizaciones e individuos que creen que las sanciones indiscriminadas no son la respuesta adecuada al conflicto de décadas y a las diferencias ideológicas entre Estados Unidos y Cuba. Nuestros miembros participan en iniciativas de defensa de los derechos de los ciudadanos para cambiar la política estadounidense hacia Cuba. Algunos se inspiran en los valores de su fe, mientras que otros ayudan a promover los intereses de la comunidad empresarial o se preocupan por su derecho a viajar libremente a la isla. Todos los miembros de Acere creen que el compromiso y el respeto a la soberanía de Cuba ―en oposición a restricciones obsoletas y retórica agresiva― proporcionan un mejor enfoque para promover relaciones constructivas entre los dos países».
En su sitio web se incluyen varias notas sobre las sanciones estadounidenses, muchas de ellas en respuesta a declaraciones e informes compartidos por el Gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, tras publicarse el informe del Departamento de Estado de 2023 sobre las prácticas de derechos humanos en Cuba, Acere escribió: «[el documento] no menciona la violación de derechos humanos más seria que afecta al pueblo cubano: las sanciones de EE. UU.». Según la coalición, «Cuba coopera plenamente con el sistema de DD. HH. de Naciones Unidas» y ha «cumplido con 215 de las 226 (95 %) recomendaciones hechas durante el previo ciclo de revisión».
La nota no menciona a los más de 1 000 presos políticos, las detenciones arbitrarias, el acoso a periodistas independientes ni al resto de las acciones represivas del Estado cubano que han sido documentadas ―y son monitoreadas con frecuencia― por organizaciones en el exilio como Cubalex y Justicia 11J.
El lobbying «oculto» de la Red
A simple vista, las campañas impulsadas por la Red en contra del embargo estadounidense y a favor del Gobierno cubano parecerían limitadas a acciones ciudadanas o activismo. Sin embargo, tanto Acere como otras organizaciones del entramado trascienden el apoyo a una idea beneficiosa para el Gobierno cubano más allá de lo simbólico. De hecho, puede observarse un esfuerzo deliberado por llevar a cabo actos de «solidaridad» a la vez que se ejerce presión sobre la política estadounidense mediante el cabildeo o lobbying.
En Estados Unidos, el lobbying comprende cualquier intento por incidir sobre la ley a nivel federal, estatal o local y abarca las ramas legislativa y ejecutiva.
Por lo general, las organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3) se ven limitadas con respecto a cuánto lobbying pueden hacer. Según IRS, una organización no podría acogerse a los beneficios del estatus 501(c)(3) si «una parte significativa de sus actividades van dirigidas a intentar influir en la legislación» del país. Las organizaciones que deseen hacer lobbying deben demostrar que no destinan más de cierto porcentaje de sus ingresos a este tipo de actividades, porcentaje que varía según los ingresos de la organización y que ronda el 20 %.
IRS identifica dos tipos de lobbying: el lobbying directo y el grassroots lobbying. El lobbying directo hace referencia a los intentos por influir sobre la ley mediante el contacto directo con funcionarios del Gobierno a cualquier nivel. El grassroots lobbying o lobbying indirecto comprende las acciones que busquen incidir sobre la política cambiando la opinión pública ―por ejemplo, recoger firmas para una petición que busca cambiar una ley concreta, incitar al público para que contacte a sus representantes o publicar artículos en la prensa favorables al resultado político que se pretende conseguir―.
El Lobbying Disclosure Act (LDA) de 1995 establece que una organización debe registrarse como lobista si:
a) uno de sus empleados establece un contacto en el Gobierno para representar los intereses de su empleador;
b) dicho empleado dedica más del 20 % de su tiempo a hacer lobbying en un período de seis meses;
c) la organización invierte más de 20 000 USD por semestre para hacer lobbying.
De todas las organizaciones que conforman la Red, la que podría considerarse típicamente lobista es Acere. En su sitio web describen su trabajo utilizando términos como «defensa de los derechos» y «educación», pero no se menciona el lobbying. La defensa o abogacía (advocacy, en inglés) hace referencia a los esfuerzos por avanzar una causa, típicamente educando y movilizando a uno o varios sectores de la sociedad sobre un tema concreto. Según IRS, las organizaciones sin fines de lucro pueden llevar a cabo un trabajo de abogacía sin limitación; no obstante, contactar de manera directa a funcionarios del Gobierno (normalmente congresistas) ―o incitar al público a que los contacte― con el propósito de derogar o aprobar una ley sería considerado lobbying.
La página web de Acere incluye documentos educacionales sobre las sanciones estadounidenses a Cuba ―lo cual por sí solo sería abogacía―, así como un «kit de herramientas» con instrucciones detalladas sobre cómo contactar a congresistas y gobernadores ―incluso con una lista con sus correos electrónicos y teléfonos, así como cartas redactadas por Acere― para pedir el levantamiento de sanciones y la retirada de Cuba de la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo.
Durante la Administración Biden (2020-2024), los miembros de Acere ―en especial Medea Benjamin― presionaron a varios congresistas demócratas para que le exigieran al entonces presidente que regresara a la política de Obama. En marzo de 2021, Reuters anunciaba que 80 representantes demócratas habían enviado una carta a Joe Biden pidiéndole que retomara una política de acercamiento hacia Cuba. Acto seguido, Medea Benjamin compartía el artículo en un tuit en el que celebraba la noticia y agradecía a Acere por su «trabajo duro». En diciembre de ese año, Code Pink y Acere aplaudían nuevamente que, gracias a su esfuerzo, 114 congresistas demócratas enviaran otra carta al mandatario estadounidense pidiendo el levantamiento de sanciones.
Acere ―a diferencia de Code Pink y Global Exchange― no está registrada, pero según su sitio web, se financia a través de otra organización sin fines de lucro que sí lo está: Etina (Environmentalism Through Inspiration & Non-Violent Action), fundada en 1998 y presidida por Jodie Evans. Desde 2017, Etina ha recibido donaciones de Code Pink, Benjamin Fund y Goldman Sachs Philanthropy Fund por un valor de 1 179 043 USD.
En la página web de Etina se describe Acere como «una coalición de individuos y organizaciones que creen que las sanciones y los bloqueos económicos no son las soluciones adecuadas para resolver conflictos y diferencias ideológicas entre países». En los documentos de Etina tampoco se hace referencia a Cuba ni se declara alguna actividad lobista. El uso de Etina como fuente de financiamiento e intermediario podría ser un intento por parte de las personas que integran Acere de llevar a cabo su trabajo de cabildeo sin pagar impuestos y sin levantar las sospechas de IRS.
La única organización de la Red que ha declarado actividades lobistas en sus documentos es Code Pink. La organización ha invertido 109 417 USD en hacer lobbying desde 2017. La mayor parte de esa suma se ha declarado en concepto de grassroots lobbying, lo cual podría ser intencional porque LDA no requiere que las organizaciones que hagan este tipo de lobbying estén registradas.
Aunque The People’s Forum no haya declarado que hace lobbying, sí ha utilizado sus recursos ―sobre los que no paga impuestos― para exigir en numerosas ocasiones el levantamiento de las sanciones estadounidenses al Gobierno cubano. Desde 2021, The People’s Forum ha publicado tres cartas dirigidas al expresidente Joe Biden en The New York Times (tras las protestas del 11 de julio de 2021, tras el paso del Huracán Ian en octubre de 2022, y tras la victoria de Donald Trump en noviembre de 2024). Tanto las cartas como los comunicados y tuits que las acompañan piden al presidente Biden que levante el embargo y que retire a Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo.
Así como ninguna de las organizaciones o personas que integran la Red están registradas bajo el Lobbying Disclosure Act, tampoco lo están bajo el Foreign Agents Registration Act (FARA).
FARA dispone que las personas que representen los intereses de un Gobierno extranjero en Estados Unidos se registren como agent of a foreign principal. El foreign principal puede ser un Gobierno, partido político o individuo extranjero, así como cualquier entidad sujeta a las leyes de otro país. El agente es una persona involucrada en actividades que busquen cambiar la política doméstica o exterior de EE. UU., ya sea influyendo sobre funcionarios o sobre el público, haciendo propaganda y utilizando el soborno con el fin de beneficiar a un Gobierno extranjero.
En su libro Foreign Agents: How American Lobbyists and Lawmakers Threaten Democracy Around the World, Casey Michel demuestra cómo desde los años setenta ―y debido a los recortes de personal y presupuesto, y a la burocracia del Departamento de Justicia― no ha habido un monitoreo constante de las actividades políticas de Gobiernos extranjeros en EE. UU., lo cual ha permitido que muchos agentes lleven a cabo su trabajo de influencia sin declarar todas ―y en algunos casos ninguna― de sus actividades o gastos para incidir sobre la política estadounidense. En los años noventa, solo la mitad de los agentes registrados habían declarado la totalidad de sus actividades y la mayoría no había entregado los documentos requeridos por FARA¹.
Según la base de datos de FARA, la última vez que alguien se registró como agente de Cuba en EE. UU. fue en 1966.
No hay pruebas de que el Gobierno cubano financie las organizaciones de la Red, ya que los documentos de estas declaran algunas de las donaciones que realizan, pero ninguna de las que reciben. No por oponerse a las sanciones estadounidenses hacia Cuba se es agente castrista, de la misma forma que criticar las violaciones de derechos humanos del Gobierno cubano no convierte a una persona en agente del Gobierno estadounidense. Es legítimo cuestionar la eficacia del embargo, así como el uso de sanciones que afecten más a una población que al régimen al que pretenden castigar.
No obstante, el accionar de la Red no indica que el propósito de movilizarse para conseguir un levantamiento de sanciones esté motivado por una preocupación por el bienestar del pueblo cubano, ya que no se reconoce la responsabilidad de la Administración de La Habana en la situación actual del país. Ninguno de los comunicados, cartas abiertas o tuits compartidos por los integrantes de la Red hacen mención del hecho de que el Gobierno, en un contexto de crisis, priorice la inversión en hoteles de lujo por encima de la sanidad, la educación y la agricultura.
Los miembros de la Red tampoco se han esforzado por esconder sus vínculos con varios funcionarios del Gobierno cubano ―incluido el presidente―, con quienes se reúnen con frecuencia, coordinan eventos e interactúan en redes sociales.
Durante décadas, el Gobierno cubano ha explotado el valor simbólico que la Revolución sigue teniendo para un número no despreciable de Estados, políticos, activistas e intelectuales de izquierda quienes, desde sus respectivas esferas, han defendido al Gobierno de la isla y han abogado por sus intereses (sin pruebas de que hayan sido remunerados por ello).
Aunque se desconoce si el Gobierno cubano financia directamente la Red, ello no impide que esta ―dada la simpatía de sus integrantes con el régimen― responda a sus intereses. Con excepción de Acere y Belly of the Beast, las organizaciones del entramado no se dedican únicamente al tema Cuba; por el contrario, el Gobierno cubano es solo uno de los muchos que se benefician de la simpatía, los recursos y la capacidad de articulación de la Red.
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El 28 de enero de 2017, una semana después de su primera investidura como presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó la orden ejecutiva 13770 titulada Ethics Commitments of Executive Branch Appointees (Compromisos éticos de las personas designadas en la rama ejecutiva). La orden prohibía a los empleados de la Administración saliente hacer lobbying por un período de cinco años, y de por vida si el cabildeo era en representación de Gobiernos o individuos extranjeros.
Trump revocó la orden ejecutiva 13770 el 20 de enero de 2021 un día antes de terminar su mandato. Aunque Joe Biden volvió a imponer muchas de las mismas restricciones, estas fueron revocadas por Trump tras su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025.
A simple vista, la jugada podría parecer contraproducente, ya que permite a los miembros de la Administración Biden abogar por los intereses del Partido Demócrata durante un mandato republicano sin cumplir con lo que se conoce como cooling off period (período de enfriamiento). Sin embargo, la movida forma parte de una estrategia que busca subordinar la política a los intereses corporativos, lo cual puede verse en las alianzas que Trump ha forjado con empresarios como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, así como con personas que han representado a grandes empresas (como Pam Bondi, la nueva fiscal general de Estados Unidos).
Mientras se desarrollaba como fiscal general de Florida (2011-2019), Bondi se mostró receptiva a los intentos de lobbying y soborno de los lobistas de grandes corporaciones que buscaban evadir la ley. Tras abandonar su cargo público, Bondi se unió al equipo de Ballard Partners, un bufete lobista en el que abogó por los intereses de clientes como Uber o Amazon, Marsha Lazareva —empresaria rusa condenada por malversación de fondos en Kuwait— y por el Gobierno de Qatar.
La trayectoria de Bondi es parecida a la de muchos funcionarios estadounidenses que, tras dejar sus cargos en la Administración pública, son contratados por bufetes que representan y asesoran a empresas y Gobiernos extranjeros en EE. UU.
Una investigación de The Washington Post demuestra cómo el aumento en el uso de sanciones por parte del Gobierno de EE. UU. ha llevado a varios Gobiernos, personas y empresas de los países afectados a contratar a exfuncionarios estadounidenses de alto nivel para conseguir su levantamiento, lo cual ha creado una industria niche en Washington D. C. que pasó de recaudar 6 millones en 2014 a 31 millones de dólares en 2022.
Entre los clientes que más dinero han invertido en conseguir un levantamiento de sanciones —o evadirlas— se encuentran los Gobiernos de Sudán, Zimbabue, Camboya y los Emiratos Árabes Unidos, todos acusados de serias violaciones de derechos humanos. Según explican los autores del artículo en The Washington Post, «el nexo creciente entre el poder y el dinero ha aumentado la percepción fuera [de EE. UU.] de que la política exterior estadounidense puede ser moldeada por el mejor postor».
Tras su nombramiento como fiscal general de EE. UU. en febrero de 2025, Bondi ordenó a los fiscales no enjuiciar las violaciones del Foreign Agents Registration Act (FARA), salvo que involucraran «conductas parecidas al espionaje tradicional llevado a cabo por Gobiernos extranjeros».
Aunque los enjuiciamientos por violaciones de FARA eran infrecuentes —entre 1966 y 2016 solo se han documentado siete— ya que no ha habido un monitoreo constante por parte del Departamento de Justicia, la nueva definición de lo que constituye un delito (según Bondi) hará que la implementación de las normas sea aun más laxa. Según el bufete King & Spalding, si lo condenable es la sustracción de información de EE. UU., no habría consecuencia alguna para los agentes externos que busquen llevar a cabo «operaciones de influencia extranjera que inyecten información en Estados Unidos».
Desde la publicación del artículo de The New York Times que exponía los vínculos entre Roy Singham y el Partido Comunista Chino, múltiples congresistas republicanos —entre ellos Marco Rubio— han pedido a Merrick Garland (exfiscal general) y a Pam Bondi investigar a varias de las organizaciones de la Red por su conexión con el régimen chino y su participación en protestas pro Palestina, no por su relación con el Gobierno cubano.
Aunque los miembros del entramado —en especial el ala lobista— han llevado a cabo su trabajo de incidencia en EE. UU. durante años sin registrarse bajo FARA, no queda claro si serán enjuiciados bajo la actual presidencia.
A menos de un año desde su investidura, el approach errático de Donald Trump hace que sea difícil predecir el futuro de la Red —o de la política estadounidense en un sentido más amplio—. Por el momento, todo parece indicar que una de las tensiones centrales en la Administración Trump será entre los intereses económicos de la clase millonaria —a la que pertenecen tanto el presidente como los financistas del entramado— y la lucha contra los enemigos históricos del Gobierno estadounidense.
¹ Michel, C. (2024). Foreign Agents: How American Lobbyists and Lawmakers Threaten Democracy Around the World. St. Martin’s Press, pp. 88-89.
Última fecha de actualización del texto: primero de julio de 2025.
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